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Consultorio Tributario: Régimen Mype Tributario

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https://gestion.pe/podcast/consultorio-tributario/consultorio-tributario-regimen-mype-tributario-noticia/

Desde el 2017 se encuentra vigente el Régimen Mype Tributario (RMT) que es mucho más beneficioso que el Régimen General, ya que sus tasas son más bajas tanto para la regularización del tributo, como respecto a sus pagos a cuenta.

En este podcast, el Dr. Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, abogado tributarista y catedrático de la Universidad del Pacífico, desarrollará el tema del RMT, con ejemplos y situaciones específicas, con la finalidad que dentro de la economía de opción los contribuyentes puedan optar por este Régimen que es más cómodo que el Régimen General.

Así, se desarrollará: su ámbito de aplicación, tasas, condiciones para pasarse a este Régimen desde otros, el tratamiento de los gastos, etc.

Escuchemos este nuevo podcast que nos aclara diversos aspectos que se relacionan con el RMT, a fin de pagar menor tributos, pero siempre evitando contingencias innecesarias.

Consultorio Tributario: Marketing y Tributación

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https://www2.deloitte.com/pe/es/pages/tax/articles/Reforma-tributaria-nuevas-normas-2019.html

En este nuevo podcast el Dr. Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, abogado tributarista y catedrático de la Universidad del Pacífico, analizará las diversas figuras del mundo del marketing y que tienen repercusiones en el mundo tributario, tales como el tratamiento a las bonificaciones, promociones, sorteos, entre otros casos.

Escuchemos este nuevo podcast que nos aclara diversos aspectos que se relacionan con la importancia de reconocer las figuras del marketing que se tratan o no como “retiros” de bienes (en la mayoría de los casos, gravados con el IGV).

Reforma Tributaria: Nuevas Reglas para el 2019

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Autor: Patricia Pérez, Gerente de Tax Deloitte Perú

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https://www2.deloitte.com/pe/es/pages/tax/articles/Reforma-tributaria-nuevas-normas-2019.html

Mediante Decreto Legislativo N° 1424, publicado el jueves 13 de septiembre de 2018 se han introducido importantes modificaciones en el Impuesto a la Renta en lo que respecta a la deducibilidad de los intereses por préstamos, a la venta indirecta de acciones o participaciones peruanas, nuevos supuestos de establecimiento permanente y nuevo crédito indirecto por el Impuesto a la Renta cancelado por una subsidiaria extranjera de una entidad peruana.

Deducibilidad de intereses

Actualmente los intereses por préstamos con terceros son deducibles siempre que cumplan con el “principio de causalidad”, esto es, que el préstamo esté relacionado con la generación de renta gravada o con el mantenimiento de la fuente productora de dicha renta; sin embargo, en el caso de intereses de préstamos adquiridos con partes vinculadas adicionalmente se establece que sólo serán deducibles por la parte del préstamo que no sea mayor a 3 veces el patrimonio neto de la entidad peruana al cierre del ejercicio anterior (subcapitalización).

A partir del 2019, se introduce un nuevo límite a la deducibilidad de los intereses por préstamos adquiridos de terceros independientes a partir del 14 de septiembre 2018 a los que se les aplicará el ratio 3:1 previsto para los préstamos con partes vinculadas y hasta el 31.12.2021.

En tal sentido, podrán coexistir hasta el 31 de diciembre de 2021 dos límites para los prestamos provenientes de terceros independientes: (i) para los préstamos adquiridos hasta el 13 de septiembre de 2018 sólo se requerirá que el préstamo cumpla con el requisito del principio de causalidad para que sus intereses sean deducibles y (ii) para aquellos préstamos adquiridos a partir del 14 de septiembre de 2018 la deducibilidad de los intereses será siempre que, además, cumpla con el requisito de la subcapitalización previsto para partes vinculadas.

A partir del 1 de enero de 2021, los intereses por todo tipo de préstamos, ya sean contratados con partes vinculadas o con terceros independientes, serán deducibles siempre que no excedan el treinta por ciento (30%) del EBITDA del ejercicio anterior. Más aún, se incorpora la posibilidad de deducir aquellos intereses netos que no hubieran podido ser deducidos en el ejercicio por exceder el límite antes señalado, dentro de los cuatro (4) ejercicios inmediatos siguientes, quedando sujetos al límite conforme a lo que establezca el Reglamento.

En caso que luego de cumplido los cuatro (4) ejercicios inmediatos siguientes no hubiera sido posible deducir dichos intereses, se perderá su deducibilidad.

Venta indirecta de acciones peruanas

Hasta el  2018, básicamente existen dos requisitos que deben cumplirse de manera concurrente para que la venta indirecta de acciones peruanas entendida la misma como la enajenación de acciones o participaciones representativas del capital de una persona jurídica no domiciliada en el país que, a su vez, es propietaria -en forma directa o por intermedio de otra u otras personas jurídicas- de acciones o participaciones representativas del capital de una o más personas jurídicas domiciliadas en el país, quedara gravada en el Perú:

a) Que el valor de mercado de las acciones o participaciones de las personas jurídicas domiciliadas en el país de las que la persona jurídica no domiciliada sea propietaria en forma directa o por intermedio de otra u otras personas jurídicas, equivalga al cincuenta por ciento o más del valor de mercado de todas las acciones o participaciones representativas del capital de la persona jurídica no domiciliada.

b) Que se enajenan acciones o participaciones que representen el 10% o más del capital de una persona jurídica no domiciliada.

A partir del 2019 respecto de este segundo requisito, el Decreto Legislativo ha indicado que para alcanzar este porcentaje también se considerarán las que realicen sus partes vinculadas mediante una o varias operaciones simultaneas o sucesivas y adicionalmente, indica que se considerarán las transferencias que señale en su momento el reglamento.

De igual manera, a partir del 2019 la norma bajo comentario ha incorporado un nuevo supuesto de venta indirecta de acciones o participaciones gravada con el Impuesto a la Renta en el cual no se necesita que ninguno de los dos requisitos antes indicados sea cumplido.   Así, se incorpora el supuesto en donde el importe total de las acciones o participaciones de las personas jurídicas domiciliadas en el país cuya enajenación indirecta se realice en un período cualquiera de doce (12) meses, sea igual o mayor a 40,000 UIT (Aproximadamente USD50,000,000 en el 2018).

El referido importe se determinará sumando los montos que resulten de aplicar el porcentaje que se establezca siguiendo el procedimiento previsto en la Ley para determinar si se cumple con el primer requisito arriba detallado, sobre el valor pactado por cada enajenación que el enajenante y sus partes vinculadas realicen de las acciones o participaciones de la persona jurídica no domiciliada.  Se determina por cada contribuyente considerando las enajenaciones que hubiera efectuado en el período de doce (12) meses antes referido, sin incluir aquellas que hubieran sido gravadas anteriormente.

La intención del legislador ha sido gravar aquellas operaciones que aun cuando para el Grupo Económico al cual pertenece la entidad peruana no sean significativas ya que el valor de mercado de las acciones peruanas sea residual respecto de las acciones de la no domiciliada que se está transfiriendo (no llegando al 50% antes referido), por el monto de la operación si sea una transacción relevante en el país que requiere ser gravada para efectos tributarios peruanos.

Adicionalmente, la norma bajo comentario establece un ingreso gravable mínimo en la venta indirecta de acciones. Así, se señala que, en todos los casos, la renta gravada no podrá ser menor al valor de mercado de las acciones o participaciones de la entidad peruana. Con esta medida, el legislador busca evitar que el valor de la operación se diluya por el valor de mercado de las acciones de la persona jurídica no domiciliada ya que podría darse el caso que por sus inversiones en países distintos al país su valor sea inferior que el valor de la entidad peruana cuyas acciones o participaciones se enajenen indirectamente.

Finalmente, es importante que la empresa peruana cuyas acciones o participaciones se puedan estar vendiendo indirectamente cuente con la información necesaria de su casa matriz y/o partes vinculadas del exterior, a fin que puedan determinar correctamente si existe o no una operación gravada en el Perú, ya que recordemos que la empresa peruana en caso de vinculación con el enajenante es responsable solidario del Impuesto a la Renta que grave dicha transferencia.

Establecimiento permanente

Con el propósito de acercar la definición de la norma interna con la definición de Establecimiento Permanente de los Convenios para evitar la Doble Imposición y para prevenir la evasión fiscal (CDI) suscritos por el Perú bajo el modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Decreto Legislativo ha incorporado a la Ley del IR los siguientes supuestos en los cuales se configura un establecimiento permanente:

a) Las obras o proyectos de construcción, instalación o montaje, así como las actividades de supervisión relacionadas con aquellos, cuando su duración sea superior a ciento ochenta y tres (183) días calendario dentro de un período cualquiera de doce (12) meses, salvo que se haya establecido un plazo menor en los Convenios para Evitar la Doble Imposición en cuyo caso ese será el plazo aplicable.

b) La prestación de servicios, cuando se realicen en el país para el mismo proyecto, servicio o para uno relacionado, por un período o períodos que en total excedan de ciento ochenta y tres (183) días calendario dentro de un período cualquiera de doce (12) meses, salvo que se haya establecido un plazo menor en los Convenios para Evitar la Doble Imposición en cuyo caso ese será el plazo aplicable.

Sobre el particular, a partir del 2019,  los contribuyentes peruanos deberán tener en cuenta los plazos antes señalados respecto de las actividades que realicen sus proveedores del exterior, a fin de estar seguros si deben obtener un comprobante de pago del exterior al cual se deberá realizar la retención del Impuesto a la Renta por los servicios prestados en el país que generen renta de fuente peruana o si deberían recibir una factura  de un establecimiento permanente constituido en el país, al cual no se debería realizar retención alguna.

Más aún, es preciso indicar que, dado que aún falta la reglamentación de esta norma, esperamos que el legislador establezca claramente la mecánica del funcionamiento y tributación de estos nuevos supuestos de establecimientos permanentes en relación a la asignación de costos y gastos, emisión de comprobantes, cumplimiento de formalidades tributarias, responsabilidad de los contribuyentes peruanos usuarios de los servicios, entre otros.

Crédito indirecto

Cuando un contribuyente domiciliado recibe dividendos del exterior, el Impuesto retenido en el país de fuente puede ser reconocido como crédito (crédito directo) pero no podía utilizar como crédito el Impuesto a la Renta corporativo pagado por la subsidiaria no domiciliada que distribuyó los dividendos (crédito indirecto); mecanismo que si se reconoce en los CDIs que tiene el Perú suscritos con países como Chile, México, Canadá, entre otros, como medida para evitar la doble imposición tributaria.

El Decreto Legislativo ha incorporado la posibilidad de utilizar como crédito el Impuesto a la Renta pagado por la sociedad no domiciliada que distribuye los dividendos al contribuyente peruano (sociedad de primer nivel), por la realización de un negocio o empresa, en la parte proporcional que corresponde a los dividendos distribuidos al contribuyente peruano.

Asimismo, la norma bajo comentario establece que el contribuyente peruano podrá deducir también el monto del Impuesto a la Renta pagado por una sociedad de segundo nivel.

Para tal efecto, entiéndase por sociedad no domiciliada de segundo nivel a la sociedad no domiciliada que distribuye dividendos o utilidades a una sociedad de primer nivel por la realización de un negocio o empresa, en la parte proporcional que corresponde a los dividendos distribuidos a la sociedad de primer nivel.

Ahora bien, en ambos casos, para la utilización del crédito indirecto por el Impuesto pagado por la sociedad de primer o segundo nivel se deben cumplir ciertos requisitos, entre los cuales tenemos:

a) La persona jurídica domiciliada en el país debe tener una participación indirecta de al menos diez por ciento (10%) del total de las acciones con derecho a voto de la sociedad no domiciliada de primer o segundo nivel durante al menos doce (12) meses anteriores a la fecha en que esta distribuya los dividendos o utilidades a la sociedad no domiciliada de primer nivel.

La sociedad no domiciliada de segundo nivel debe:

– Ser residente o domiciliada en un país con el que el Perú tiene celebrado un acuerdo de intercambio de información; o,

– Ser residente o domiciliada en el mismo país en el que se encuentre domiciliada la sociedad de primer nivel.

b) La persona jurídica domiciliada debe adicionar a su renta neta el Impuesto a la Renta pagado por las sociedades no domiciliadas de primer y segundo nivel, para determinar el Impuesto a la Renta del ejercicio.

c) El importe de la deducción es el monto que resulte menor de comparar el Impuesto a la Renta efectivamente pagado en el exterior y el impuesto que hubiese correspondido pagar en el país por la renta total obtenida en el exterior, de acuerdo a los límites y requisitos establecidos por Ley y su Reglamento.

Como consecuencia de este cambio normativo, a partir del ejercicio 2019, los contribuyentes peruanos podrán utilizar como crédito indirecto el Impuesto a la Renta corporativo pagado por la(s) persona(s) jurídica(s) no domiciliada(s) que distribuyan dividendos a una entidad peruana, a fin de aliviar la doble imposición económica que se presentaba al incluir dichos dividendos en la renta neta de fuente extranjera a la base imponible del Impuesto a la Renta peruano de la entidad peruana, generando un desincentivo a la inversión en el exterior de los contribuyentes peruanos.

Asimismo, cabe indicar que los contribuyentes peruanos deberán obtener la información y documentación necesaria de sus subsidiarias peruanas, a fin de poder acreditar dicho crédito indirecto ante una eventual fiscalización por parte de la Administración Tributaria.

Reforma Tributaria (2018-2019) y su incidencia en la evasión y elusión fiscal

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Autor: Sonia Jackeline Miranda Avalos
Asesora y consultora tributaria en el grupo de consultores fiscales Perú

fuente: http://agnitio.pe/articulos/reforma-tributaria-2018-2019-y-su-incidencia-en-la-evasion-y-elusion-fiscal-2/

I .-INTRODUCCIÓN

La Tributación está relacionada con el enfoque político, razón por la cual, cada cambio de gobierno, generalmente el Poder Ejecutivo, solicita facultades legislativas al Poder Legislativo para que pueda emitir leyes vía Decretos Legislativos, y así regular, mejorar, modificar las leyes tributarias relacionadas con los tributos, entiéndase como tributos a los Impuestos, Contribuciones y Tasas, tal como lo señala la Norma II de Texto Preliminar del Código Tributario. DS. 133-2013-EF.

Es así que el 19 de julio del 2018, se Publicó la Ley N° 30823  en el diario Oficial El Peruano,  la Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia  de gestión económica y competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en situación  de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la Gestión  del Estado.

“En total, el Poder Ejecutivo emitió 101 decretos legislativos enfocados en el cierre de brechas de infraestructura, el impulso de las inversiones en el país, la reactivación económica, la reforma de algunas leyes tributarias entre otras temáticas.

Más de la mitad de estos decretos estuvieron enfocados en materia económica, pero no se dejó de lado otras problemáticas para el país, como la violencia contra la mujer y los derechos de comunidades indígenas. “ (Rpp Noticias, 2018)

Los cambios en materia tributaria se han dado mediante la publicación en el diario oficial El Peruano,  de 17 Decretos Legislativos que es materia de nuestro análisis los cuales tienen influencia con la Gestión Económica, debido a que, gracias a los tributos, se pueden distribuir los gastos del Presupuesto General de la República del Perú, de allí su importancia transcendental.  En el presente artículo, tocaremos los cambios dados en materia tributaria y su incidencia en la evasión y elusión tributaria.

II BASES TEÓRICAS

1.- Reforma Tributaria 2018 y 2019

En los diferentes países existe una estructura de impuestos, la cual determina quién o quiénes deben o no pagar esta tributación, así como el motivo de ello, la cantidad que deben abonar, etc. Sin embargo, dependiendo de las políticas de los gobiernos y del desempeño de su economía, esta estructura se debe modificar. A esta modificación se le denomina reforma tributaria.
Según lo anterior, una reforma tributaria cambia uno o varios aspectos de la estructura tributaria, buscándose, a través de ella, aumentar o disminuir la cantidad de dinero que recibe el Estado por concepto de impuestos. Por ejemplo: si un Estado tiene unas finanzas públicas sanas, una administración pública eficiente, su población tiene un nivel de vida aceptable y la economía tiene un desempeño sobresaliente, posiblemente no necesite de todos los ingresos que está recibiendo, por lo que puede hacer una reforma tributaria que disminuya la cantidad de impuestos que le cobra a los habitantes. El caso contrario al anterior es aquel en el que las reformas tributarias busquen aumentar la cantidad de dinero que el Estado recibe por concepto de impuestos. Por ejemplo: puede hacer que algunas personas y organizaciones que no pagaban impuestos, por tener algún tipo de beneficio o tratamiento preferencial, paguen, o que, si lo hacían, paguen más, o hacer que productos por los que no se pagaban impuestos ahora sí lo tengan que hacer, etc (Banco de la República, s/a)

  • Características de una Reforma Tributaria

Los impuestos deben basarse en el ingreso y el patrimonio de las personas, empresas u organizaciones.

Cuando se hace una reforma tributaria, hay que tener en cuenta ciertos aspectos que permiten que esta se lleve a cabo satisfactoriamente y que los resultados sean los esperados:

  • Los impuestos no deben afectar la eficiencia en el uso de los recursos; es decir, no deben hacer que una persona trabaje menos o no utilice su capital en la producción.
  • En general, no se debe permitir que los impuestos desincentiven la actividad productiva.
  • Los impuestos deben ser flexibles; es decir, se deben acomodar a las circunstancias económicas de un lugar.
  • Deben tener una cuota de simplicidad; es decir que, aunque detrás de los impuestos hay unas teorías que en muchos casos resultan complejas, es necesario que estos sean sencillos de imponer y recaudar para evitar que se produzcan evasiones basadas en su complejidad.
  • La estructura de impuestos debe ser aceptada por todos o, por lo menos, por la mayoría. Prueba de ello es que, en Colombia, una reforma tributaria debe ser aprobada por el Congreso de la República, el cual está integrado por personas elegidas por la población para su representación. (Banco de la República, s/a)

De la Literatura anterior indicamos que en Perú, al igual que en Colombia, las leyes son dadas por el Congreso de la República o por el Ejecutivo en caso de delegación de facultades. En ese sentido, es necesario detallar cuáles fueron los 17 Decretos Legislativos publicados en materia Tributaria y, luego, nos explayaremos en los que tienen incidencia con la evasión y elusión tributaria.

  1. 1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1369, publicado el 02/08/2018

Decreto Legislativo que modifica la Ley del Impuesto a la Renta.

  1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1370, publicado el 02/08/2018
    Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27269 Ley de Firmas y Certificados Digitales y el Decreto Ley N° 25632 Ley Marco de Comprobantes de Pago.
  1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1371, publicado el 02/08/2018
    Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30532 Ley que promueve el desarrollo del mercado de capitales y el Decreto Legislativo N° 1188 que otorga incentivos fiscales para promover los Fondos de Inversión en Bienes Inmobiliarios.
  1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1372, publicado el 02/08/2018
    Decreto Legislativo que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales.
  1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1380, publicado el 24/08/2018
    Decreto Legislativo que dispone que se aplique el Código Tributario a las infracciones y las sanciones establecidas a los Operadores de Servicios Electrónicos.
  1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1381, publicado el 24/08/2018
    Decreto Legislativo que modifica la Ley del Impuesto a la Renta.
  1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1388, publicado el 04/09/2018
    Decreto Legislativo que modifica la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía.
  1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1395, publicado el 06/09/2018
    Decreto Legislativo que modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo el Decreto Legislativo N° 940 y la Ley Nº 28211.
  1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1419, publicado el 13/09/2018
    Decreto Legislativo que modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.
  1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1420, publicado el 13/09/2018
    Decreto Legislativo que modifica el Código Tributario.
  1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1421, publicado el 13/09/2018
    Decreto Legislativo que modifica el Código Tributario.
  1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1422, publicado el 13/09/2018
    Decreto Legislativo que modifica el Código Tributario.
  2. DECRETO LEGISLATIVO N° 1423, publicado el 13/09/2018
    Decreto Legislativo que perfecciona y simplifica los Régimenes especiales de devolución del Impuesto General a la Ventas.
  1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1424, publicado el 13/09/2018
    Decreto Legislativo que modifica la Ley del Impuesto a la Renta.
  1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1425, publicado el 13/09/2018
    Decreto Legislativo que modifica la Ley del Impuesto a la Renta.
  1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1433, publicado el 16/09/2018
    Decreto Legislativo que modifica la Ley General de Aduanas.
  1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1434, publicado el 16/09/2018
    Decreto Legislativo que modifica el artículo 143-A de la Ley N° 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Finalmente, indicamos que una auténtica reforma tributaria debe buscar ampliar la base tributaria y disminuir los fenómenos tributarios, como la informalidad, evasión y elusión tributaria, para así tener el éxito asegurado en la recaudación tributaria.

2.- Evasión y Elusión Fiscal

Por evasión fiscal entendemos acciones premeditadas de los contribuyentes, físicos o jurídicos, para evitar el pago de los impuestos que, obligatoriamente, les corresponde. Por tanto, se trata de comportamientos ilegales y sujetos a sanción, pues, utilizando diferentes esquemas, se reduce o se anula el pago de impuestos, afectando el bienestar de la colectividad.

Por el contrario, la elusión fiscal se refiere a movimientos o esquemas para minimizar el pago de impuestos, aprovechando oportunidades o portillos que la ley permite o admite. (La Nación, 2017)

Adicionalmente, es necesario señalar el plan de control del IGV, que sigue  SUNAT  resumidas en seis acciones, para enfrentar la elusión y evasión del IGV.

Primero Control de las declaraciones omisas e inconsistencias de libros electrónicos .

Segundo: Control de ventas no declaradas. Para contribuyentes que realizan actividad económica y no declaran sus ventas.

Tercero :Control del crédito sospechoso . Frente a los contribuyentes que declaran ingresos, pero que incorporan en sus declaraciones créditos de compras que podrían ser sospechosos o de operaciones no reales o no fehacientes.

Cuarto: Control del saldo a favor dudoso. Para los contribuyentes que constantemente acumulan saldo a favor, en desmedro del IGV a pagar, es decir, se muestran como insolventes.

Quinto: Control de los beneficios tributarios. Para ello, la Sunat empezará a validar que los contribuyentes que se acojan a este beneficio tengan los requisitos y las características necesarias para poder obtenerlos.

Sexto: Control del uso indebido de los sistemas de pago. En las detracciones, percepciones, retenciones, “porque ahí se han descubierto modalidades (de evasión y elusión)” (Gestión, 2018)

2.1.-  Decretos Legislativos en relación Directa con la  disminución de la Evasión y Elusión Tributaria

  1. . DECRETO LEGISLATIVO N° 1369, publicado el 02/08/2018

Decreto Legislativo que modifica la Ley del Impuesto a la Renta. Lo dispuesto en este Decreto Legislativo entra en vigencia el 1 de enero de 2019.

Tiene como objeto: modificar el tratamiento aplicable a los servicios en el ámbito de precios de transferencia, eliminar la obligación de abonar el monto equivalente a la retención en operaciones con sujetos no domiciliados y condicionar la deducción de los gastos por operaciones con sujetos no domiciliados.

Este decreto modifica el primer y quinto párrafo del inciso i) del artículo 32°-A de la Ley del Impuesto a la Renta, donde se requiere la presentación del test de beneficio  y proporcionar la documentación e información solicitada, como condiciones necesarias para la deducción del costo o gasto. Solo a aquellos que realicen operaciones vinculadas en la norma anterior se les requería este test, a los que realizan operaciones con territorios de baja o nula imposición. Ahora solo con operaciones vinculadas.

El “test de beneficio” está dirigido a determinar si, más allá de la causalidad del servicio, este genera valor económico o comercial para el usuario, manteniendo o mejorando su posición el mercado. El “test de beneficio” implica acreditar que los servicios: (i) Generan un beneficio o utilidad para el usuario del servicio, (ii) Mejoran o mantienen su posición comercial; y (iii) Hubiesen sido satisfechos por terceros independientes si hubiese existido la necesidad, ejecutándolos por sí mismas o a través de un tercero. (Grupo Verona, 2018)

Asimismo se Incorporase el inciso a.4) al artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta:  Donde se señala que ahora los servicios prestados por no domiciliados serán deducibles en el periodo en que han sido pagados.

Esta modificación resulta ser una medida antielusiva específica, más eficiente y menos conflictiva que la medida que pretendía asegurar la recaudación del Impuesto a la Renta que gravaba al sujeto no domiciliado, por la cual,se debía pagar un monto equivalente de la retención en la fecha del registro contable, sin afectar la oportunidad de la deducción del gasto.  El diferimiento de la deducción de gastos y/o costos al ejercicio fiscal en el que ocurra el pago ya es utilizado para otros conceptos, como remuneraciones, retribuciones, entre otros. (Deloitte, s/a)

  1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1372, publicado el 02/08/2018
    Decreto Legislativo que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales.

Tiene como objeto, regular la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar sobre la identificación de sus beneficiarios finales.

La finalidad es otorgar a las autoridades competentes acceso oportuno a información precisa y actualizada sobre el beneficiario final de la persona jurídica y/o ente jurídico, a fin de fortalecer la lucha contra la evasión y elusión tributaria, garantizar el cumplimiento de las obligaciones de asistencia administrativa mutua en materia tributaria, así como la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Entiéndase por beneficiario final: la persona natural que efectiva y finalmente posee o controla personas jurídicas o entes jurídicos.

La persona natural que directa o indirectamente, a través de cualquier modalidad de adquisición, posee como mínimo el diez por ciento (10%) del capital de una persona jurídica.

Las personas jurídicas deben informar sobre los beneficiarios finales indicando los porcentajes de participación en el capital de la persona jurídica.

En la disposición complementaria tercera del presente Decreto Legislativo N° 1372 se señala; Suministro de información de los beneficiarios finales por los profesionales de derecho y de las ciencias contables y financieras, como también por los Notarios Públicos.

Las comunicaciones entre los profesionales de derecho o profesionales de ciencias contables y financieras y sus clientes solo están protegidas por el secreto profesional en la medida que los mencionados profesionales ejerzan su profesión. Los referidos profesionales no podrán negarse a proporcionar la información solicitada por las autoridades competentes, invocando el derecho al secreto profesional cuando actúen, entre otros, como titulares de empresas, socios, accionistas, participacionistas, representantes legales, apoderados, administradores, directores, miembros del consejo directivo.

La información relacionada a la identificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas y entes jurídicos que se proporcione a las autoridades competentes en cumplimiento de este Decreto Legislativo, por los profesionales de derecho o ciencias contables y financieras, no constituye violación al secreto profesional ni tampoco está sujeta a las restricciones sobre revelación de información derivadas de la confidencialidad impuesta por vía contractual o por cualquier disposición legal o reglamentaria.

Lo expuesto en la presente disposición es de aplicación al Notario Público, en cuanto corresponda.

El Poder Ejecutivo reglamentará el Decreto Legislativo N° 1372, en un plazo no mayor a 120 días, a fin de regular el detalle de la información que se debe recolectar y declarar sobre el beneficiario final, así como las acciones que deberán realizar e implementar las personas jurídicas y entes jurídicos obligados a presentar la declaración de beneficiario final para que puedan acceder, proporcionar y conservar dicha información.

Vigencia: Lo dispuesto en la presenta norma entró en vigencia el 3 de agosto de 2018.

  1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1388, publicado el 04/09/2018
    Decreto Legislativo que modifica la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía.

Tiene como objeto: fomentar la utilización de los Medios de Pago de las empresas del Sistema Financiero en las operaciones de comercio exterior, a fin de combatir los delitos de lavado de activos y la subvaluación de mercancías.

Se utilizan los Medios de Pago cuando se entregan o devuelven montos de dinero por concepto de mutuos de dinero, sea cual fuera el monto del referido contrato.

El pago de sumas de dinero de las siguientes operaciones, por importes iguales o superiores a tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT), inclusive cuando se realice parcialmente, solo puede ser efectuado utilizando los Medios de Pago previstos en esta ley:

  1. a) La constitución o transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles;
  2. b) la transferencia de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres; y,
  3. c) la adquisición, aumento y reducción de participación en el capital social de una persona jurídica.

Respecto a la Utilización de Medios de Pago en las operaciones de comercio exterior

La compraventa internacional de mercancías destinadas al régimen de importación para el consumo, cuyo valor FOB es superior a S/ 7 000,00 (siete mil y 00/100 soles) o US$ 2 000,00 (dos mil y 00/100 dólares americanos) se debe pagar utilizando los Medios de Pago.

Vigencia: Lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo N° 1388 entra en vigor a partir de la vigencia del Decreto Supremo que modifica la Tabla de sanciones aplicables a las

infracciones previstas en la Ley General de Aduanas.

  1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1422, publicado el 13/09/2018
    Decreto Legislativo que modifica el Código Tributario.

Tiene como objeto:  brindar mayores garantías a los contribuyentes en la aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, así como, dotar a la Administración Tributaria de herramientas para su efectiva implementación.

Se incorpora el numeral 13) al Art. 16° del Código Tributario DS. 133-2013-EF, donde indica: se considera que existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades, salvo prueba en contrario, cuando el deudor tributario:

(…)

  1. Sea sujeto de la aplicación de los párrafos segundo al quinto de la Norma XVI del Título Preliminar. La responsabilidad se atribuye a los representantes legales siempre que hayan colaborado con el diseño o la aprobación o la ejecución de actos, situaciones o relaciones económicas previstas en los párrafos segundo al quinto de la Norma XVI.

Detallaremos los párrafos segundo al quinto de la Norma XVI del TPCT

Norma XVI: CALIFICACIÓN, ELUSIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS Y SIMULACIÓN

En caso que se detecten supuestos de elusión de normas tributarias, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, se encuentra facultada para exigir la deuda tributaria o disminuir el importe de los saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias, créditos por tributos o eliminar la ventaja tributaria, sin perjuicio de la restitución de los montos que hubieran sido devueltos indebidamente.

Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se reduzca la base imponible o la deuda tributaria, o se obtengan saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias o créditos por tributos mediante actos respecto de los que se presenten en forma concurrente las siguientes circunstancias, sustentadas por la SUNAT:

  1. Que individualmente o de forma conjunta sean artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido.
  1. Que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos, distintos del ahorro o ventaja tributarios, que sean iguales o similares a los que se hubieran obtenido con los actos usuales o propios.

La SUNAT, aplicará la norma que hubiera correspondido a los actos usuales o propios, ejecutando lo señalado en el segundo párrafo, según sea el caso. Para tal efecto, se entiende por créditos por tributos el saldo a favor del exportador, el reintegro tributario recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal, devolución definitiva del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal, restitución de derechos arancelarios y cualquier otro concepto similar establecido en las normas tributarias que no constituyan pagos indebidos o en exceso.

Lo más resaltante es la responsabilidad solidaria a los gerentes o representantes legales si se llega a probar la elusión tributaria.

III.– CONCLUSIONES

En el presente artículo hemos querido hacer una resumen de las principales normas tributarias dadas en aplicación de las facultades legislativas otorgados al Ejecutivo,  vemos con acierto la dación de estas leyes porque nos aclaran, y mejoran, el panorama a tratar en adelante, desde la identificación del beneficiario final y saber si esta persona natural está tributando por la totalidad de sus ingresos, la obligación de pago del servicio utilizado por un no domiciliado para poder deducir como gasto, aunque se desnaturaliza el principio de devengado por rentas de tercera categoría, siempre hay excepciones en el campo tributario y esta es una de ellas, convirtiéndose a su deducción por el principio del percibido. En definitiva, la reforma tributaria 2018-2019 sí incidirá significativamente en la evasión y elusión tributaria.

IV.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

  • Banco de la República. (s/a). Reforma tributaria. Colombia, Colombia, Colombia.
  • Deloitte. (s/a). Deloitte. Obtenido de Deloitte: https://www2.deloitte.com/pe/es/pages/tax/articles/modifica-la-ley-impuesto-a-la-renta.html#
  • Gestión. (14 de Mayo de 2018). Gestión. Obtenido de Gestión: https://gestion.pe/economia/sunat-seis-acciones-enfrentar-elusion-evasion-igv-233581
  • Grupo Verona. (9 de Agosto de 2018). Grupo Verona. Obtenido de Grupo Verona: http://www.grupoverona.pe/se-modifica-la-ley-del-impuesto-a-la-renta-respecto-de-la-aplicacion-del-test-de-beneficio-en-precios-de-transferencia-y-deduccion-de-gastos-por-operaciones-con-no-domiciliados-decreto-legislativo/
  • La Nación. (1 de Abril de 2017). La Nación. Obtenido de La Nación: https://www.nacion.com/economia/evasion-y-elusion-fiscal/7S5STJX5E5FSPEYXUNLRLNHXBY/story/
  • Rpp Noticias. (17 de setiembre de 2018). Rpp Noticias. Obtenido de Rpp Noticias: https://rpp.pe/economia/economia/decretos-legislativos-estas-son-las-101-normas-que-emitio-el-gobierno-con-las-facultades-legislativas-noticia-1150445

Presentación de la declaración jurada anual en cuenta regresiva: la participación a los trabajadores y los aspectos a tener en cuenta para su deducción

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Autor: Juan Alberto Paredes
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultor en ACERTA ASESORES S.A.C.
Asociado al IPIDET


A partir del día lunes 25 de marzo de 2019, comenzaron las fechas de vencimiento para la presentación de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta (IR) del ejercicio 2018, de acuerdo con el cronograma aprobado por la SUNAT.

A esta fecha, la gran mayoría de empresas deberían ya tener afinada la determinación del impuesto, con las adiciones y deducciones que componen las partidas de conciliación. Pero hay una partida que solamente se puede determinar después de todas las demás, y es la correspondiente al gasto por participación legal de los trabajadores en las utilidades.

Es importante tener presente la precisión en cuanto a la denominación de participación “legal”, para distinguirla de lo que suele referirse como participación “voluntaria”, diferenciándose dichos conceptos en dos (2) aspectos. Por una parte, la participación legal es una obligación a cargo del empleador que procede de la ley; mientras que la participación voluntaria puede provenir de la decisión unilateral del empleador de otorgarla sin que exista una obligación legal detrás. De otro lado, se diferencian en cuanto a su tratamiento tributario: la participación legal se rige por el inciso v) del Artículo 37° de la Ley del IR, sujetándose a la condición del pago dentro del plazo de presentación de la declaración jurada; mientras que la participación voluntaria se rige por el inciso l) del mismo Artículo, siéndole exigible igualmente la misma condición del pago, pero además, el cumplimiento del criterio de generalidad.

La participación legal de los trabajadores en las utilidades es la partida que se determina después de las demás, debido a su forma de cálculo. En efecto, se calcula sobre la renta neta imponible, siendo esta última la que se obtiene luego de compensar la pérdida de ejercicios anteriores con la renta neta determinada en el ejercicio. Es decir, una vez determinadas las partidas de adiciones y deducciones, se puede determinar la renta neta del ejercicio, de la cual se compensa las pérdidas de ejercicios anteriores para obtener la renta neta imponible, y recién con ese dato, se puede calcular debidamente a cuánto asciende el gasto por participación legal en las utilidades del ejercicio.  

Sin embargo, como mencionamos anteriormente, la norma tributaria establece que este gasto podrá deducirse en el ejercicio gravable al cual corresponda cuando haya sido pagado dentro del plazo establecido para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. En mi experiencia profesional, he observado con frecuencia que las empresas determinan de modo definitivo el gasto por participación legal en las utilidades recién el día en que vence la presentación de la declaración jurada, dado que sólo podrán considerar como deducible –y con ello rebajar su impuesto a pagar del ejercicio– la parte que haya sido pagada hasta esa fecha. La parte no pagada será deducible en el ejercicio posterior en el cual se efectúe el pago.

Hasta aquí, hemos mencionado los aspectos generales. Sin embargo, estimo necesario ahondar en un tema de detalle, pero no menos relevante, y menos aún por estas fechas, que es el siguiente: ¿cuándo se entiende que el gasto por participación en las utilidades ha sido pagado? Tener la respuesta a dicha pregunta, nos permitirá determinar qué parte del gasto por participación en las utilidades puedo considerar como deducible en el ejercicio, y que parte no.

Al respecto, resulta oportuno hacer mención a la Resolución del Tribunal Fiscal N° 12554-8-2013 que resolvió una controversia en la cual la Administración Tributaria cuestionaba la deducción del gasto por participación de los trabajadores, considerando que en el caso en concreto no se cumplió con el requisito del “pago”. De dicha resolución, se pueden extraer como conclusiones que no acredita “pago” la sola emisión del cheque, ni la publicación en diario de circulación nacional que comunica disposición de cheques, dado que tales actos no implican que los trabajadores (en el caso concreto se trataba de ex trabajadores) estuvieron en la posibilidad de cobrarlos. El Tribunal Fiscal señaló que el contribuyente debió realizar actuaciones destinadas a comunicar a los ex trabajadores, de manera directa, que se encontraban a disposición de ellos los cheques relacionados con el pago por participación de utilidades. Los criterios expresados en esta resolución fueron ratificados por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 09318-10-2015.   

En mi experiencia, he observado este problema sobre todo en el caso de trabajadores cesados, a quienes por algún motivo no se les puede hacer directamente una transferencia bancaria, debiendo en tales casos, emitirles cheques para que éstos a su vez los recojan y cobren. En esa situación, las empresas deberán implementar las medidas necesarias para efectuar las comunicaciones de manera directa a los trabajadores (o ex trabajadores) de que sus cheques se encuentran a su disposición para su recojo y cobro dentro del plazo de presentación de la declaración jurada anual.

Sugiero tener presente estas consideraciones en este último tramo de lo que resta –de la cuenta regresiva– para la presentación de la declaración jurada anual, para deducir el monto de participación de los trabajadores en las utilidades que debidamente corresponda, y así, evitar contingencias tributarias a futuro.   

Ideas presentadas por los expertos

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[*] Las ideas presentadas por los expertos que escriben en este número fueron parte de la materia de debate del Tercer Foro Internacional de Tributación y Contabilidad, realizado por el Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario (Ipidet) en noviembre pasado, que llevó por título Cambios paradigmáticos en la contabilidad y efectos en el IRE: discrepancias y posibilidad de armonización.

Últimas modificaciones sobre certificados digitales y comprobantes de pago electrónicos

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El Decreto Legislativo N° 1370 modificó:

  • La Ley de Firmas Digitales: La SUNAT, hasta el 30 de junio de 2020, será una Entidad de Registro para el Estado Peruano y asumirá el costo de los Certificados Digitales de personas naturales o jurídicas que generen ingresos netos anuales de hasta trescientas (300) UIT que se utiliza para la facturación electrónica. La SUNAT anunció que serán 1´700,000 PYMES beneficiadas.
  • La Ley Marco de Comprobantes de Pago: Se considerará como representación impresa, digital u otra del comprobante de pago o documento al resumen en soporte de papel, digital u otro que se otorgue, siempre que cumpla con las características y requisitos mínimos que la SUNAT establezca, sin perjuicio que se garantice que se pueda acceder por otro medio a la información completa.

Por otra parte, la SUNAT había publicado un Proyecto de Resolución de Superintendencia que establecía que los emisores electrónicos deberían contratar obligatoriamente a los Operadores de Servicios Electrónicos – OSE para que realicen la verificación de los comprobantes electrónicos, pues la SUNAT ya no lo haría. El uso de este servicio privado sería obligatorio a partir del 1 de agosto del 2018 si no se hubiese emitido comprobantes electrónicos, caso contrario sería a partir del 1 de enero del 2019. Sin embargo, los cuestionamientos sobre la vulneración de la reserva tributaria, el derecho a la intimidad personal, el derecho al secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, así como la falta de garantías de la filtración de información comercial, concentración del accionariado, concertación de precios y la creación de barreras burocráticas ha ocasionado que la SUNAT evalué postergar la fecha de su obligatoriedad.

Elaborado por:

Mag. CPC. Jorge De Velazco B.

 

A la fecha las principales modificaciones sobre comprobantes de pago electrónicos a tomar en cuenta a partir de noviembre son:

Desde el 01.11.2018 estarán obligados al 100% a emitir facturación electrónica los contribuyentes del Anexo IV de la R.S. N° 155–2017

A partir del 01.11.2018 los contribuyentes obligados al SEE deberán emitir los comprobantes de pago físicos en contingencia con las leyendas: Comprobante de pago emitido en contingencia y Emisor electrónico Obligado.
Base legal R.S. N° 113-2018

A partir del 01.01.2019 será obligatorio indicar en la factura y boletas electrónicas, así como en las notas de crédito y débito electrónicas, el código de producto de SUNAT, utilizando para dicho efecto el Código de productos y servicios estándar de las Naciones Unidas (UNSPSC), o el Estándar Global Uno (GS1).

Elaborado por:

Mag. CPC. Juan Alberto Villagómez Chinchay

 

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Perú: reforma tributaria permitirá elevar la contribución al 20% del PIB

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Lima. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) afirmó que la implementación de una reforma estructural tributaria permitirá elevar la presión tributaria a un nivel de entre 18% a 20% del Producto Interno Bruto (PIB).

El jefe del ente recaudador, Víctor Shiguiyama, dijo que ello permitirá elevar la presión tributaria a las tasas que registran los países de renta media.

“Estamos un poco alejado de obtener resultados razonables”, manifestó durante su presentación en la comisión de presupuesto del Congreso de la República.

Las proyecciones para el próximo año apuntan a lograr una recaudación equivalente al 14,2% de PIB. Para el presente ejercicio la Sunat proyecta que llegará a 13,9% mientras que en el 2017 fue 12,9%.

Refirió que según el Consejo Fiscal, el Perú es el único país de la Alianza del Pacífico que no efectuó reformas tributarias estructurales entre 2010 y 2016.

Aseveró que las reformas tributarias estructurales pueden considerar cambios paramétricos, crean nueva estructura tributaria, implican mayor carga tributaria y generan efectos distributivos.

En tal sentido, Shiguiyama comentó que la reforma permitirá enfrentar niveles de incumplimiento crecientes.

De otro lado, comentó que se requiere trabajar en una mayor transparencia económica para promover la formalidad. Ello se basará en tres ejes: tributario, laboral y financiero.

El gran reto de la nueva reforma tributaria, por Marcial García

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Pese a que el presidente Vizcarra había sostenido que para aumentar la recaudación no era necesario subir los impuestos, sino ampliar la base tributaria y mejorar los controles, sorpresivamente el Gobierno elevó el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Seguir incrementando la carga impositiva a los mismos contribuyentes de siempre en lugar de enfocarse en quienes no cumplen con tributar sería contraproducente, pues desincentivaría la inversión y propiciaría una mayor evasión.

El sector informal de la economía, como todos sabemos, es la principal fuente de evasión fiscal en el Perú. Según el INEI, el 85,8% de las empresas nacionales opera en la informalidad y no paga impuestos. Algunos estimados indican que como consecuencia se dejan de recaudar unos S/58.000 millones anuales, disminuyendo la posibilidad de ofrecer más y mejores servicios públicos que la población reclama.

La cifra es alarmante. Corresponde a más del doble del actual presupuesto del sector Educación y cinco veces el de Vivienda, Comercio, Cultura, Justicia y Trabajo juntos.

Para poder allanar el camino hacia la formalización no podemos seguir teniendo un sistema tributario que condena a un pequeño porcentaje (el 0,7%) de las empresas del país a aportar la gran mayoría de la recaudación (el 75%) y a soportar un Impuesto a la Renta de 29,5%, que está muy por encima del promedio mundial (22,8%) y de los 35 países más desarrollados del mundo agrupados en la OCDE (21,9%).

De hecho, la tendencia internacional es a bajar los impuestos, no a subirlos. Sin ir muy lejos, desde este año Estados Unidos redujo su impuesto empresarial de 35% a 21%.

Por el lado del IGV (lo que otros llaman IVA), que es el que más peso tiene en la composición de nuestros ingresos tributarios (representa el 60% del total), tampoco hay espacio para elevar la tasa. La de 18% que tenemos no solo es más alta que la tasa promedio de la región (13%) sino del mundo (15%).

Subir el IGV tendría un enorme costo político y social, dado que perjudicaría, sobre todo, a los más pobres.

Las explicaciones detrás de la fuerte caída de la presión tributaria que venimos sufriendo son varias (en el 2017 descendió hasta el 12,9% del PBI, la más baja en 15 años), pero no se puede negar que la informalidad sigue siendo una de las principales.

El problema de fondo parece ser que los ciudadanos y las empresas no perciben que el pago de impuestos reporte mayores beneficios. Así, por lo menos, lo demuestra una reciente encuesta de Pulso Perú, en la que el 86% de peruanos considera que el Gobierno gasta inadecuadamente los impuestos recaudados.

En esa medida, el gran reto de la nueva reforma tributaria que se está barajando es enfrentar la evasión de los informales.

A estas alturas queda claro que las medidas adoptadas en el 2016, bajo la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, no han funcionado, por lo que deben corregirse, y si se aprueba el pedido de facultades legislativas, Martín Vizcarra y su Gabinete tienen una oportunidad histórica de hacerlo y de dejar un significativo legado.

A fin de cuentas, muchos más ingresos fluirán al Estado con más empresas y trabajadores formales.

Reforma del sistema tributario

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Con la finalidad de realizar una reforma del sistema tributario peruano, el Poder Ejecutivo enviará en octubre de este año tres propuestas legislativas al Congreso de la República.El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva, adelantó que la primera iniciativa se relaciona con la reducción de exoneraciones; la segunda, con la simplificación de regímenes del impuesto a la renta (IR), y la tercera, con el fortalecimiento del impuesto local y predial. Por lo tanto, “la finalidad de esta reforma es elaborar un sistema más justo y simple para la población”.Con estas medidas, el Gobierno prevé incrementar la recaudación y, por lo tanto, registrar una reducción del déficit fiscal, que es de 3% del producto bruto interno (PBI), en 1.1 puntos porcentuales. Esto significa que junto con los decretos ya aprobados, estas iniciativas se enmarcan en la disminución del déficit fiscal a 1% en el 2021.

En el proyecto de Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2019 se precisa que para asegurar la consolidación fiscal se establecerán medidas que incrementen los ingresos fiscales estructurales, sobre todo mediante la reducción de la evasión y elusión tributaria local e internacional para incrementar la base tributaria; y políticas que mejoren la calidad del gasto público mediante la modernización de los sistemas administrativos y del capital humano del Estado.

Para asegurar la convergencia del déficit fiscal hacia la meta del 1% del producto bruto interno (PBI), sin afectar el nivel que requiere la provisión de servicios e infraestructura pública de calidad, será imprescindible incrementar los ingresos fiscales de forma permanente.

En los ingresos, la estrategia estará dirigida a incrementar los ingresos estructurales mediante la adopción de medidas que reduzcan la evasión tributaria tanto local como la generada en el extranjero, así como otras que amplíen la base tributaria.

Este avance se realizará sin vulnerar los principios de suficiencia, eficiencia, equidad, neutralidad y simplicidad del sistema tributario y procurando reducir el costo de cumplimiento.

Las medidas incluyen la masificación del uso de los comprobantes de pago y libros electrónicos; la adaptación del sistema de fiscalización internacional según estándares y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y la sustitución consensuada de los beneficios tributarios poco efectivos por otras políticas de gasto mejor focalizado.

Parte de estas medidas se adoptarán como parte de la delegación de facultades legislativas que otorgó el Congreso de la República al Poder Ejecutivo en julio del presente año.

Por lo tanto, en un contexto de implementación de medidas tributarias, el MEF prevé que los ingresos fiscales aumenten de 19% a 20.6% del PBI entre el 2018 y el 2022. Esas medidas están orientadas a combatir la evasión y elusión de impuestos.

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